El siguiente texto parte de nuestra intervención en el debate sobre el proyecto del Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa en la Ciudad de Buenos Aires. El debate se realizó el martes 12 de agosto en la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, con la presencia de diputados de todos los bloques y más de un centenar de docentes.
Señores diputados:
Queriendo ironizar sobre mi previsible oposición a este proyecto, un diputado me acaba de preguntar si, además de oponerme a su articulado, también iba a votar “contra sus fundamentos”. Sin querer, dio en el clavo: se trata exactamente de eso. Nuestra oposición es de principios, es sistemática y responde a una visión antagónica de la educación y de la sociedad en la que ella se inserta.
El instituto de evaluación docente y de la “calidad educativa” que nos propone el macrismo no tiene nada de novedoso. La llamada “derecha moderna”, al decir de algunos, nos está ofreciendo un plato recalentado. Por un lado, la “evaluación” responde por entero a las reformas educativas que los organismos internacionales del capital financiero vienen impulsando desde hace décadas. Por el otro, el gobierno de la Ciudad tampoco innova en relación con la política nacional. En defensa de su proyecto, los diputados del PRO han invocado a la Ley Nacional de Educación, y en esto hay que darles la razón. La “evaluación educativa” está presente en esa ley y en las prácticas del Ministerio de Educación nacional, que se somete desde hace años a las llamadas pruebas Pisa, a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La tendencia presente en este proyecto es parte de toda la política educativa nacional. Por eso, no sorprende que los opositores -el kirchnerismo y Unen- busquen fórmulas para “consensuar” el proyecto oficialista.
Evaluadores y evaluados
El Instituto de Evaluación será un organismo autárquico, que admitirá en su financiación a fondos privados. La escuela pública, por lo tanto, será ‘estudiada’ por el capital privado. Ahora bien, ¿qué es lo que estará sometido a evaluación? En una educación golpeada por el derrumbe de los edificios escolares o el permanente deterioro de los salarios docentes, el Estado, sin embargo, se autoexime de presentar un balance sobre su gestión educativa. En cambio, coloca en el banquillo al docente. En enero de este año, en ocasión de la crisis de las inscripciones online, el Ministerio de Educación de la Ciudad comprometió su presencia en esta Legislatura para ‘cuando terminen las inscripciones’, y presentar un balance de ese proceso. Han pasado ocho meses. ¡Todavía lo estamos esperando! El mismo Estado y gobierno que propugnan esta evaluación han esquivado de todos los modos posibles el examen de su propia política, aún después de haber dejado a más de 10.000 chicos sin vacantes.
“Calidad educativa”
Se ha hablado mucho aquí de “calidad educativa”. Ustedes (los diputados) han polemizado respecto de los atributos que serían necesarios para lo que llaman “una enseñanza de calidad”. Nosotros, sencillamente, impugnamos el concepto mismo de “calidad educativa”, y convoco a los docentes y compañeros presentes a que no compremos, bajo ningún punto de vista, el léxico de los enemigos de la educación. La categoría de “calidad educativa” pretende aislar y sustraer a la educación de las relaciones sociales que la circundan. Pero esas relaciones sociales ¡están signadas por la descomposición y por la catástrofe social, por el derrumbe de la familia, por la liquidación del derecho al trabajo!
¿“Calidad educativa”? Señores diputados: en escuelas que he visitado de esta ciudad, hay alumnos que relatan a sus profesores los robos que cometen durante el día. Los profesores sólo atinan a pedirles que no roben con armas, para evitar consecuencias mayores. La pretensión de apartar a la educación de las condiciones sociales imperantes y someterla a una “evaluación” aislada tiene, naturalmente, otra implicancia: juzgan su ‘calidad’ como se haría con cualquier otro producto. Es el primer paso, claro está, para asignarle luego un valor de cambio y asumirla como una mercancía más. También tenemos sistemas de “calidad” en la industria autopartista y muchas otras. Pero tengámoslo claro: tanto en la educación como en la industria, la calidad es antagónica con el capitalismo, cuyo propósito no es perfeccionar los productos del trabajo humano en aras del progreso colectivo, sino la búsqueda de un beneficio privado. El “control de calidad”, sea educativo o industrial, es sólo un método sistemático de reproducción del proceso de trabajo, en aras de tales beneficios. En el caso de la educación, los “controles de calidad” sólo refuerzan la unilateralización del conocimiento a expensas de los propios alumnos. Es conocido, por ejemplo, lo que ocurre con las pruebas Pisa, donde los docentes, para aprobar las evaluaciones, ‘especializan’ a los alumnos en torno de los tópicos que son objeto de examen. Pero a expensas, claro está, de un proceso de aprendizaje integral.
La “evaluación de la educación”, por lo tanto, es otro paso de su degradación y empobrecimiento. Para sacar a la educación del pantano, señores diputados, es necesario revolucionar las relaciones sociales vigentes. La reconstrucción del conocimiento como proceso integral exige volver a reunir al hombre con el producto de su trabajo, a partir de una regulación consciente del proceso de producción social.
Educación continua
De todos modos, y por si quedara alguna duda, el proyecto oficial nos dice claramente qué es lo que entiende por “calidad educativa”: en su articulado, el conocimiento aparece bajo la forma de “habilidades y saberes”, por supuesto “acordes a las nuevas exigencias científicas y tecnológicas”. En forma repetida, el proyecto caracteriza a la educación como “proceso continuo”. Es la concepción de la educación “continua o permanente”, que las reformas del Banco Mundial vienen propugnando desde los años ‘70. En esta visión, la formación científica y universal es reemplazada por las “habilidades y saberes” (sic); esto es, por el dictado de contenidos empíricos y de vigencia momentánea que subordinen la educación a las necesidades cambiantes del mercado capitalista. Por esta vía, las carreras de grado son reemplazadas por módicas ‘tecnicaturas’ y ‘licenciaturas’, cuya actualización abre paso a otro filón, el de los cursos especiales o posgrados de carácter pago. ¿“Derecha moderna”? ¡Por favor! Permítanme recordar, señores diputados, al gobernante riojano que hace un cuarto de siglo pregonaba las ventajas de “estudiar computación en vez de saber filosofía o historia” y, con esta visión, se abocó a la destrucción rigurosa de la enseñanza pública. Así entiende a la ‘calidad educativa’ este proyecto que, como ya dijimos, no difiere en su sustancia de las políticas nacionales en la materia.
Desarticulación, privatización, precarización laboral
Según el proyecto que tenemos en nuestras manos, la política educativa será diseñada a partir de las “evaluaciones, indicadores y estudios” que realizará este instituto. Pero los indicios de esta política ya se encuentran en marcha: en la página web del gobierno de la Ciudad vemos la existencia de un “Boletín de Escuelas” o de un “Indice de Calidad Educativa”. Para explicar el sentido de estos indicadores, el ministro de Educación, Bullrich, le ha explicado a los medios las supuestas bondades de un régimen de ‘recompensas’ presupuestarias atado a un ‘ranking’ de escuelas. Naturalmente, es un mecanismo que ahondará todavía más la fractura del sistema educativo y condenará a aquéllas que deban lidiar con las más duras condiciones sociales. La ‘competencia entre escuelas’ y la diferenciación presupuestaria abrirá paso a los ‘aportes’ de los capitalistas privados a cada establecimiento y a la manipulación del proceso educativo en función de sus intereses específicos. El instrumento final de esta privatización de la propia escuela pública es el voucher escolar por familia, una de las herencias que ha dejado el pinochetismo en Chile, país donde los antagonismos sociales se concentran brutalmente en la educación.
El proyecto abunda en alusiones a la “evaluación de la práctica docente”, pero omite toda referencia al Estatuto del Docente, el cual, por otra parte, contempla instancias de evaluación fundadas en la autoevaluación y las autoridades de cada escuela, además de partir de las conquistas de la estabilidad laboral y del reconocimiento de la antigüedad.
El proyecto que aquí tenemos, en cambio, apunta a instituir el salario por mérito, entendiendo por “mérito” a los resultados que surjan de los dudosos indicadores de calidad elaborados por los financistas internacionales de la privatización educativa. Volviendo por un momento a Chile, es bueno recordar que hasta la estabilidad laboral del docente se encuentra condicionada a estas evaluaciones.
Es claro que una tentativa de reconversión empresarial de la escuela pública debe necesariamente comenzar por imponer hasta las últimas consecuencias una relación rabiosamente empresarial entre el Estado y el maestro -éste es el corazón de esta ‘evaluación educativa’. La escuela pública reproduce así los métodos de la ‘industria de la educación’ de la escuela privada.
Evaluación y descomposición capitalista
Finalmente, y como socialista revolucionario, me siento obligado a señalar cuál es, a nuestro juicio, el significado de fondo de esta reforma que se quiere instituir en la Ciudad. Estamos ante otra tentativa de adaptar la educación a la declinación del orden social en el cual vivimos, a la decadencia del capitalismo. Hace ya mucho que el capitalismo agotó sus rasgos progresivos, cuando, por ejemplo, sostenía a la educación pública para formar a quienes luego debían ser explotados. En su caída, ¡el capitalismo ni siquiera puede educar a sus esclavos! Por un lado, necesita liberar al presupuesto público de los gastos educativos, para sostener, por ejemplo, a los parásitos y usureros de la deuda pública. Por el otro, exigen que la educación se transforme, ella misma, en otro filón rentable, en reemplazo de las actividades y las industrias cuyos beneficios se vienen abajo. La educación está siendo arrasada por la quiebra y el agotamiento de toda una organización social. ¡Hay que revolucionar a esa sociedad para rescatar a la educación! Insisto: es todo un régimen social el que empuja a esta nefasta evaluación, y eso se pone de manifiesto cuando vemos la identidad de propósitos entre oficialistas y opositores del sistema, más allá de los matices particulares que los separan en este debate. Alerto a todos de la posibilidad de que este proyecto, que hasta ahora es un patrimonio solitario del macrismo, termine, como suele ocurrir en esta Legislatura, en otro consenso reaccionario. Por eso, hacemos un llamado ferviente a los sindicatos docentes, a los compañeros de lucha aquí presentes, a desarrollar una intensa deliberación en las escuelas, para oponernos y preparar acciones de lucha contra este “instituto” reaccionario.
Este es el punto de vista, ésta es la oposición visceral de nuestro bloque del Frente de Izquierda al proyecto que se ha puesto en debate. Muchas gracias.
NOTAS
1. Horas antes, “Pino” Solanas se había referido al macrismo como la “derecha moderna”.
